Autor: Antonio Barrero F.
El Ejecutivo ha detectado "movimientos especulativos por parte de determinados agentes" que están iniciando los primeros pasos en las tramitaciones de parques eólicos y solares "con el fin de bloquear emplazamientos a otros agentes que realmente están interesados en desarrollar proyectos renovables". Lo dice, literalmente, el Real Decreto-ley (20/2022, de 27 de diciembre) que fue publicado ayer en el BOE. Pues bien, contra esa especulación, el Ejecutivo, "con carácter excepcional", y durante un plazo de 18 meses, ha decidido suspender todas las tramitaciones "en nudos sujetos a concurso de capacidad de acceso". Hay casi 290 nudos de la red de transporte reservados para concurso de acceso (fuentes del sector estiman que con capacidad para unos 100.000 megavatios).
El Gobierno pincha la burbuja renovable del "acceso y conexión"
Un promotor que proyecte un parque solar o eólico necesita un punto de acceso y conexión a la red. Y estos están contados, son limitados. Y concretos. Porque la red es la que es y tiene la capacidad que tiene, por mor de la planificación eléctrica y por mor, también, de los objetivos que se ha marcado el gobierno, que quiere que el 74% de la electricidad sea renovable en 2030. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija como Objetivo 2030 el alcanzar los 50.333 megavatios eólicos en esa fecha (ahora mismo hay 29.719 megas eólicos) y establece también como objetivo el tener operativos ese año horizonte hasta 39.181 megavatios fotovoltaicos (ahora mismo hay 19.113 megavatios FV). La ruta pues hacia esos números es larga. Y los aspirantes, muchos. Porque el recurso es abundante (España es un país de Sol y buenos vientos) y porque el negocio eléctrico es lucrativo.
El Gobierno aprobó en diciembre de 2020, o sea, hace ya tres años, un RD (1183/2020) que establecía que, "con carácter general", el criterio de ordenación del otorgamiento del acceso y conexión será el de "prelación temporal" (orden de llegada), "si bien, con el fin de servir al impulso de la penetración de las energías renovables -matizaba el Gobierno en ese RD-, se regula la excepción al mismo" en dos casos: hibridación de instalaciones de generación existentes y "concursos de capacidad de acceso en nuevos nudos de la red de transporte o en aquellos nudos donde se libere o aflore capacidad de potencia" (por ejemplo, allí donde se cierre una central térmica de carbón). Hasta ese momento, la prelación temporal había sido la norma ("con carácter general"): el primero que solicitaba el acceso y conexión se lo llevaba. Pero, desde ese momento, aparece en el horizonte el "concurso de capacidad de acceso".
El artículo 18.3 del Real Decreto 1183/2020 establece que para la convocatoria de concursos en los nudos se deberá cumplir que “la disponibilidad, liberación o afloramiento de capacidad en dichos nudos será igual o superior a 100 MW, en el caso de nudos ubicados en el sistema eléctrico peninsular, o igual y superior a 50 MW, en nudos ubicados en los territorios no peninsulares”. El artículo 19 establece varios criterios para asignar derecho de acceso y conexión. El primero de ellos es el criterio temporal, al objeto de "priorizar aquellos proyectos que comiencen antes la inyección de energía a la red". Pero hay otros: empleos directos generados en los municipios locales y adyacentes; empleo indirecto; impacto económico en la cadena de valor industrial local, regional, nacional y comunitaria; porcentaje de participación en el proyecto de inversores locales, y de empresas y administraciones de la zona.
El Gobierno pues anuncia en diciembre de 2020 los concursos de acceso y conexión en nudos determinados y (año y medio después, en junio de 2022) presenta una Propuesta de Orden "por la que se convoca concurso de capacidad de acceso en determinados nudos de la red de transporte", una propuesta que hoy sigue siendo solo eso: propuesta. Todo ello ha ido calentando sobremanera el sector, que ha atendido a esa propuesta (no aprobada) de Orden, que insiste en los "criterios temporales, que sirvan para priorizar aquellos proyectos que comiencen antes la inyección de energía a la red". Así, los promotores se han lanzado en masa, según el Gobierno, a "la presentación de garantías y de solicitudes para iniciar las tramitaciones de autorizaciones administrativas, y la petición de documentos de alcance ambientales", lo cual ha atascado todas las ventanillas de la Administración.